Corte Penal Internacional

 Derecho Internacional Humanitario

-CORTE PENAL INTERNACIONAL-

La Corte Penal Internacional (CPI), regida por el Estatuto de Roma, es un Tribunal permanente internacional establecido para investigar, procesar, juzgar y condenar a individuos acusados de cometer los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, es decir: crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

            La Organización de las Naciones Unidas tuvo un papel esencial en el proceso de establecimiento de la Corte a pesar de ser la CPI una institución judicial independiente, y de no formar parte del sistema de las Naciones Unidas, aunque si mantienen una estrecha relación y colaboración. Tiene su sede en La Haya (Holanda). Si bien la CPI obtiene sus recursos para funcionar del aporte de los países miembros, también recibe contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, individuos y demás entidades privadas.

La necesidad de crear una Corte Penal Internacional

            Desde hacía mucho tiempo que la comunidad internacional aspiraba a la creación de una corte con carácter permanente en materia penal. La comunidad internacional evidenció algunos de los crímenes más atroces cometidos durante los conflictos que marcaron el siglo XX, graves violaciones al derecho internacional los cuales quedaron en su mayoría impunes. La creación ad hoc de los tribunales de Nuremberg y Tokio se establecieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial.

            En 1948, cuando la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue adoptada, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció la necesidad de una corte internacional para hacer frente a los tipos de atrocidades que acababan de ser perpetrados.

La idea de un sistema de justicia penal internacional volvió a surgir después del fin de la Guerra Fría. Sin embargo, mientras las negociaciones sobre el Estatuto de la CPI estaban en curso en las Naciones Unidas, el mundo fue testigo una vez más de la comisión de crímenes atroces, pero esta vez en el territorio de la ex Yugoslavia y en Ruanda. En respuesta a estas atrocidades, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció un tribunal ad hoc en cada una de estas situaciones para juzgar a sus responsables.

Siendo antecedentes los mencionados cuatro tribunales ad-hoc, limitados en su competencia y en el tiempo, creados y constituidos únicamente para tratar esos específicos casos, eventos que sin duda hacían sentir una vez más la necesidad de contar con una corte de carácter estable, permanente y regulada previamente, que viniera a tratar en materia penal y a acabar con todo tipo de impunidad cometida por individuos.

Es por eso que el 17 de Julio de 1998 la comunidad internacional alcanzó un hito histórico cuando 120 Estados aprobaron el Estatuto de Roma, la base jurídica para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. La cual comenzaría a actuar una vez que dicho estatuto fuera ratificado por al menos 60 Estados.

El Estatuto de Roma junto con la CPI comenzó a regir el 1º de Julio de 2002.

 

Estados Parte del Estatuto de Roma

            Los estados que han aceptado y ratificado el Estatuto de Roma se conocen como Estados Parte y están representados en la Asamblea de Estados Parte la cual se reúne al menos una vez al año donde se establecen las políticas generales para la administración de la Corte (aprobar el presupuesto) y para revisar sus actividades.

            Diez años después de su entrada en vigencia (1º de Julio de 2012) 121 países han ratificado el Estatuto de Roma y son Estados Parte de la CPI.

Jurisdicción de la CPI

La CPI está encargada de juzgar personas físicas (no Estados) cuando hubieren cometido alguno de los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma: Crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

La CPI es un tribunal complementario a la jurisdicción de los Estados, ya que sólo actuará cuando un país no puede o no quiere investigar, perseguir y condenar a un criminal. El proceso seguido por la CPI está previsto en el Estatuto de Roma.

Relación entre la CPI y la ONU

            La CPI es un órgano independiente, no es oficina ni órgano de la ONU. La CPI es un órgano independiente cuya misión es juzgar a individuos por crímenes de su competencia, sin la necesidad de un mandato especial de las Naciones Unidas.

            El 4 de octubre del 2004 el Secretario General de Naciones Unidas y el Presidente de la Corte Penal Internacional firmaron un acuerdo con miras a estructurar la relación entre las dos instituciones.

            El mismo ha entrado en vigor desde el momento de su firma, y reconoce los mandatos e independencia de ambas instituciones, define el objetivo de las relaciones y subraya las condiciones bajo las cuales la ONU y la CPI cooperarán.

Estructura de la CPI

            La CPI está formada por cuatro órganos:

Presidencia: Responsable por la administración de la CPI, a excepción de la fiscalía. La presidencia está compuesta por tres jueces de la CPI, elegidos por los jueces mismos de la CPI y por un plazo de tres años.

Divisiones Judiciales: Formada por dieciocho jueces organizados dentro de la División Pre-judicial; División Judicial y División de Apelaciones.

Fiscalía (Oficina del Fiscal): La oficina del fiscal es la encargada de recibir las denuncias sobre crímenes de competencia de la CPI, donde las examina para luego realizar las investigaciones y procesos judiciales ante la Corte Penal Internacional. La Oficina está dirigida por el Fiscal (actualmente por el argentino Luis Moreno Ocampo) elegido por los estados parte por un período de nueve años.

Secretaría General: Encargado de administrar y conducir los asuntos no judiciales de la CPI.

Crímenes Competencia de la CPI

A)    Genocidio

De acuerdo con el Estatuto de Roma genocidio es cualquiera acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Para la AGNU genocidio es: una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros (nacional, étnico, racial o religioso).

B)    Crimen de Lesa Humanidad

Crimen de Lesa Humanidad (o Crimen contra la Humanidad) son actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Podemos decir que es un crimen que por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto (asesinato, exterminio, esclavitud, actos inhumanos, tortura, deportación o traslado forzoso, violación, esclavitud sexual o cualquier forma de violencia sexual, etc.)

C)    Crímenes de Guerra

Crimen de Guerra es la violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) incluido en los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos Adicionales de 1977 y violaciones a los demás convenios que regulan los conflictos armados. Cometidos como parte de un plan o política a gran escala.

D)    Crimen de Agresión

Adoptado por la Asamblea de Estados Partes en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, celebrada en Kampala (Uganda) entre el 31 de junio y 11 de mayo de 2010, se estableció como “crimen de agresión” a la planificación, preparación, iniciación o ejecución de un acto de uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Siempre que sea considerado como una violación a la Carta de las Naciones Unidas.

            El mismo incluye entre otras cosas: invasión, la ocupación militar y la anexión por el uso de la fuerza, el bloqueo de los puertos o costas (siempre en violación a la Carta de la ONU)

            El autor de la agresión es una persona que está en condiciones de ejercer efectivamente el control o dirigir la acción política o militar de un Estado.

Quien puede denunciar o traer un caso ante la CPI

            La CPI actuará cuando un acto sea denunciado por denuncia de: estado parte; Consejo de Seguridad de la ONU; fiscal de oficio.

El fiscal de oficio cuando obtiene información, dicha información puede ser proporcionada por los individuos, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, o cualquier otra fuente digna de crédito. El Fiscal debe, sin embargo, obtener el permiso de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares (Pre-Judicial) antes de iniciar una investigación en tales circunstancias.

            La CPI no juzgará a todos los que hayan cometido actos competencia de la CPI, sino en quienes recayere la responsabilidad máxima en dichos actos.

 

¿Puede la CPI arrestar individuos por sí sola?

            El Tribunal no tiene su propia fuerza policial. En consecuencia, se basa en la cooperación del Estado, que es esencial para la detención y entrega de los sospechosos.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, los Estados Partes cooperarán plenamente con la Corte en su investigación y enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte.

¿Qué penas puede imponer la CPI?

            Los jueces podrán imponer penas de prisión; a la que se puede añadir multa, decomiso. La CPI no puede imponer pena de muerte, la pena máxima es de 30 años.

Los condenados cumplan sus penas de prisión en un Estado designado por el Tribunal a partir de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a aceptar a personas condenadas.

Corte Penal Internacional – Balance de una Década (2002-2012)

La CPI cumple 10 años con un resultado para algunos escaso: una sentencia. En medio de las críticas y sin apenas apoyo de los países, sigue incansable en su trabajo de protección de los derechos humanos.

El 14 de marzo de 2012 la Corte Penal Internacional (CPI) dictaba su primera sentencia y condenaba a Thomas Lubanga Dyilo, jefe del movimiento rebelde Union des Patriotes Congolais, como responsable del reclutamiento y utilización de niños-soldado durante la segunda guerra congoleña (1998-2003). El primer caso iniciado por la CPI llega a su fin el año que el organismo celebra sus primeros 10 años de existencia.

Los argumentos a favor y en contra de su existencia se apoyan tanto en razones de justicia universal y protección de los Derechos Humanos, como de política nacional y defensa de la soberanía de los Estados.

Pero hasta llegar donde estamos, la CPI ha recorrido una larga travesía, en ocasiones sin apenas apoyo de los países, desarrollando un trabajo constante y silencioso que solo ocupa espacio en los medios de comunicación cuando dicta una orden de arresto internacional contra un jefe de Estado en ejercicio o cuando se requiere su actuación ante el estallido de conflictos que acaban con la vida de miles de seres humanos.

La aprobación del Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998 no supuso el final, sino el inicio de un largo camino. Que su entrada en vigor se produjo antes de lo que se esperaba, es innegable, y que la experiencia previa de tribunales como los instaurados para la antigua Yugoslavia y Ruanda iba a marcar en gran parte el camino, también. Sin embargo, la institución afrontó algo hasta la fecha inédito: su carácter permanente y todo lo que ello conlleva, que la ha obligado a mover ficha combinando papeles jurídicos y diplomáticos a la vez.

Por ello la CPI, a través de su presidencia y de la colaboración de muchas ONG internacionales, ha desarrollado una intensa labor de promoción del Estatuto de Roma, que se ha materializado en su ratificación por 121 Estados a fecha de hoy. Este número no solo supone un mayor apoyo moral y económico a la institución, sino también la potencial ampliación de su jurisdicción y el fortalecimiento de su red de cooperación, indispensable para la ejecución de sus órdenes de arresto y otras resoluciones.

En pocas palabras: todo, o prácticamente todo, estaba por hacer, incluido el desarrollo de sus reglas procedimentales.

Sin embargo, ello no fue obstáculo para que, a partir de 2003, los primeros Estados-parte decidieran remitir sus situaciones a la corte. Ante su incapacidad para hacerlo, sería ella quien investigase presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes guerra cometidos en su territorio. Uganda, República Democrática del Congo y República Centroafricana –no sin cierta presión internacional y en ocasiones convencidos de que su actuación legitimaría al gobierno que accediera a ello– acabaron remitiendo a la CPI sus situaciones entre 2003 y 2005.

El periodo 2007-09 tampoco fue especialmente tranquilo para la CPI. El estallido de violencia en Kenia tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2007, que revalidaron en el gobierno al presidente Mwai Kibaki frente a su oponente, Raila Odinga, pusieron de manifiesto la falta de voluntad de un país como Kenia para investigar los posibles delitos cometidos en su territorio. A consecuencia de ello, la fiscalía de la CPI decidió en 2010 actuar de oficio por primera vez desde su creación.

En un contexto de crisis económica como la actual es casi imposible que en la reflexión sobre los 10 primeros años de funcionamiento de la CPI no exista una alusión a sus costes. La Justicia Penal Internacional es costosa en términos estrictamente económicos pero, incluso hablando en estos términos, cualquier comparación con la investigación y enjuiciamiento de delitos comunes es errónea. La reparación de las víctimas y, sobre todo, el efecto preventivo general de la sanción adquieren una dimensión desconocida hasta la fecha y es, en esa labor preventiva, donde reside el verdadero sentido de la justicia internacional. Por esta razón la reflexión no puede dejar de lado a los Estados.

La CPI tiene personalidad jurídica propia. Actúa, investiga, decide y juzga, pero lo hace en un mundo global, interconectado que, en parte, sigue defendiendo con uñas y dientes –cuando le interesa– el concepto de Estado soberano y como tal, reclamando la legitimidad de poner en marcha otro tipo de procesos para reparar violaciones internacionales de derechos humanos. La corte debe seguir estando presente, sin ser protagonista, trabajando sin hacer ruido, evitando la politización a la que indudablemente algunos Estados quieren someterla, siendo independiente, y aislándose como forma de garantizar el correcto desarrollo de sus funciones. Todo eso le corresponde a ella. A los Estados, cabe pedirles que aprendan a colaborar, a respetar su función y a cumplir con los compromisos adquiridos. Y todo ello porque, al final, la CPI será lo que los Estados la dejen ser.

Artículo revista “Política Exterior” Nº148.

Prof. Marcelo A. Cespedes

Sitio Web Oficial:
http://www.icc-cpi.int/

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